Ecologistas en Acción quiere denunciar que los anuncios de los proyectos sometidos a cualquier tipo de evaluación o análisis ambiental se publican en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con un enlace directo a la documentación de los referidos proyectos a través de Internet.
Sin embargo, actualmente, el acceso a la documentación del proyecto solamente se puede hacer con DNIe/ Certificado Electrónico, con lo cual el acceso se restringe significativamente y se incumple el proceso de información pública y participación ciudadana, ya que la mayoría de la gente no dispone de estos certificados digitales y no puede acceder a la consulta de documentación.
Esta situación vulnera el fondo y la forma de la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; y también, en base al Convenio de Aarhus, que entró en vigor el 29 de marzo de 2005, y mediante el cual se reconoce en su artículo 4 el derecho a que las autoridades públicas pongan a disposición del público las informaciones que les soliciten, así como a obtener copias de los documentos en que las informaciones se encuentren efectivamente consignadas, sin tener que invocar un interés particular y en la forma solicitada. Se dispone lo mismo en la Directiva 2003/4/CE de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE.
En definitiva, corresponde a los poderes públicos garantizar la transparencia y la participación real y efectiva de la ciudadanía en los procesos de información pública. con el fin de asegurar una toma de decisiones basada en el interés social y en el marco de una democracia real y participativa. Todos estos aspectos se han plasmado en sendos escritos dirigidos al Consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, y al Director General de Medio Ambiente, Juan Antonio Mata.
Ecologistas en Acción reclama que el enlace de los Anuncio del BORM sea directo a la documentación, sin necesidad de DNIe o Certificado Electrónico, tal como se hacía anteriormente, para facilitar la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso de alegaciones a estos proyectos.
